DL 1352 – Evaluación de riesgos penales

DL 1352 – EVALUACIÓN DE RIESGOS PENALES

El segundo paso en cuanto al tratamiento de los riesgos penales para un modelo de prevención de delitos de acuerdo al Decreto Legislativo No 1352, es la evaluación de los riesgos detectados en la identificación.

Es muy difícil (casi imposible diría yo) que una entidad no tenga siquiera un riesgo penal en la actividad que desarrolla, pero – en la hipótesis – de no existirlo no habrá nada que evaluar. Ojo, no se pueden marcar como inexistentes esos riesgos que están, según la entidad, controlados. Eso toca precisamente verlo en este paso.

Con los riesgos detectados inicialmente se pasará por el primer tamiz que yace en la siguiente pregunta ¿qué tan probable son? Es decir, determinar, mediante precisamente una evaluación objetiva, cuan frecuentes pueden producirse. Si tenemos una empresa que construye la obtención de licencias – como lo señalé en el artículo anterior – será frecuente y por lo tanto también frecuente (alta) la probabilidad de que pueda producir, por ejemplo, un soborno. Nuevamente, acá no se determina si ocurrirá o no (porque eso nadie lo puede saber).

Ya con esta respuesta, pasamos al segundo paso de la evaluación, ¿qué tan grande (o pequeño o mediano) podría ser un impacto de presentarse un caso así? En efecto, que detecten a un funcionario de nuestra empresa sobornando a un funcionario público para obtener una licencia no será igual a si se encuentra suciedad en la fábrica (aunque dependiendo de si la fábrica es de alimentos). La pena, hablando en la evaluación de riesgos penales, será claramente diferente.

Y agrego una cuestión más. Con la base de información obtenida habrá que determinar si lo que tenemos en la organización (llámese documentos, procedimientos, políticas, etc.) será suficiente – o no – para contener o disuadir o mitigar o eliminar el riesgo. Y si bien esta interrogante parece más propia de la parte final – que será objeto del siguiente artículo – es fundamental para una evaluación profesional y objetiva.

Lima, 25 de abril de 2017

Eduardo Herrera Velarde.